Anexo:Controversias del gobierno de Luis Lacalle Pou

Controversia entre Fernando Cristino y Beatriz Argimón

A mediados de junio de 2020 salió a la luz un audio en el que mantenían una conversación privada el relacionista público Fernando Cristino y la vicepresidenta de Uruguay Beatriz Argimón, en el que aparte de temas personales de Cristino y su relación con la familia de Argimón, se menciona la presunta grabación de teléfonos por parte del gobierno. En parte del audio, Argimón dijo «Lo que hablaste el otro día, cuando llamaste, obviamente todo se sabe, todo queda grabado». Dijo que las solicitudes «de todo tipo» que llegan a Presidencia son escuchadas y analizadas por un equipo de abogados.​ Sin embargo, Argimón respondió a la prensa que en esa conversación no quiso decir que hubieran «escuchas oficiales» sino que «cualquiera puede escuchar por ejemplo [sus] llamadas en altavoz o hackers». El presidente Lacalle fue consultado sobre este caso y negó categóricamente que hubieran escuchas telefónicas, que eso «no cabe en democracia».​

Gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo

El entonces ministro de Turismo Germán Cardoso se vio envuelto en una polémica a mediados de 2021 durante su gestión por cesar al director nacional de turismo Martín Pérez Banchero por —según Pérez Banchero— negarse a firmar expedientes para realizar compras de publicidad de forma directa en forma irregular, además de afirmar que se utilizaba la compra directa por excepción como regla en vez de la vía principal de la licitación pública.​​

Posteriormente se reveló que bajo la administración Cardoso el Ministerio de Turismo contrató los servicios de una empresa de Estonia, Kirma Services, de publicidad por internet en la suma de US$280 000, que el Tribunal de Cuentras observó por adjudicarse a una empresa desconocida, que no estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado como la normativa requiere, aparte de que los clientes con los que la empresa aseguraba haber trabajado dijeron no conocer la empresa. Como consecuencia de este escándalo, Germán Cardoso renunció de su cargo de ministro y se abrió una investigación parlamentaria y hubo denuncias ante la justicia.​​

En agosto de 2022, durante una audiencia ante la fiscalía encargada del caso, se reveló que Daniel Reta, exasesor del exministro Germán Cardoso, aprobó a mediados de junio de 2021 la renovación de un contrato de publicidad del Ministerio con la empresa Netcom, a pesar de que no tenía potestad para hacerlo por no ser ordenador de gastos. Anteriormente Cardoso había afirmado que las facturas que había elaborado Reta no significaron en ningún caso procesos de adjudicación ni de compra directa por no estar habilitado para ello, sin embargo, luego de interrogatorios por el fiscal de delitros económicos y complejos, se supo que sí autorizó esa renovación pese a no estar habilitado, extremo asegurado asimismo por el director ejecutivo de la empresa Wavemaker, subsidiaria de Young & Rubicam, quien presentó una grabación del involucrado donde este aprobaba la compra. Cuando fue interrogado por la fiscal adjunta respecto a si él fue quien había autorizado a Reta, el exministro dijo que no se acordaba.​

El 5 de diciembre de 2022, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez archivó la denuncia contra Cardoso por no existir elementos que constituyan un delito penal.​​ La Fiscalía sostuvo que si bien en ciertos expedientes existieron omisiones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se trataron de irregularidades administrativas, razón por la cual no ameritan reproche penal.​

Acuerdo por la terminal de contenedores del puerto de Montevideo

El 2 de marzo de 2021 el presidente Luis Lacalle Pou anunció ante el parlamento que había llegado a un acuerdo con la empresa Katoen Natie, socia principal de Terminal Cuenca del Plata para evitar un arbitraje internacional de inversiones, expresando además que en dicho acuerdo se había convenido una inversión de 400 millones de dólares en el Puerto de Montevideo, ampliando la superficie de dicha terminal de contenedores. Al tiempo, la oposición y varios académicos como Edison González Lapeyre (ex Presidente de la Administración Nacional de Puertos durante el gobierno de Jorge Batlle), denunciaron que el acuerdo era ilegal, inconstitucional e inconveniente y comenzaron a solictar información al Poder Ejecutivo de Uruguay a los efectos de poder contar con la mayor cantidad de insumos sobre el asunto.​​

Según la oposción nucleada en el Frente Amplio, el acuerdo que le da a la empresa Terminal Cuenca del Plata la preferencia en la carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo genera un monopolio inconstitucional, ya que la Constitución de Uruguay establece según su artículo 85 numeral 17.º que es la Asamblea General a través de una ley la que puede «Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara».​

A fines de noviembre de 2022, el fiscal de Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez archivó la causa,​ alegando que en el acuerdo no hubo delito, al no haber existido intención de beneficiar a particulares, y que en una investigación penal no se analizan "cuestiones de mérito o conveniencia u oportunidad" sino los "perjuicios de carácter antijurídico".​ El 7 de febrero de 2023, la causa fue reabierta tras una denuncia de algunos senadores del Frente Amplio.​Finalmente, el 29 de noviembre de 2023, la fiscal Silvia Porteiro –a la que había sido asignado el caso– archivó por segunda vez la causa, debido a que no se encontraron elementos suficientes para atribuir delitos en la concesión del puerto a la empresa Katoen Natie.​

Caso Marset

El 10 de mayo de 2022 el fiscal paraguayo contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y finianciamiento del terrorismo Marcelo Pecci fue asesinado por varios disparos de arma de fuego mientras estaba en su luna de miel en una playa de Barú, Colombia, por sicarios que arribaron en motos de agua.​ El 9 de agosto el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, asociado con el Primer Cartel Uruguayo y con una organización criminal de Paraguay desarticulada en febrero de 2022, fue señalado como acusado de ordenar el asesinato del fiscal Pecci. El escándalo se instaló en la agenda pública cuando salió a la luz que la cancillería uruguaya le otorgó un pasaporte a Marset que le permitió salir de Dubái —en donde estaba detenido e impedido de salir por llevar un pasaporte paraguayo falso—. En marzo de 2022 una autoridad del ministerio del interior se justificó diciendo que en la época cuando se le entregó el pasaporte, no había vigente un requisito de revisar los antecedetes penales internacionales del requirente, según el funcionario, por haber sido derogado por un decreto de 2014. Esto le permitió obtener el pasaporte al narco uruguayo, que le fue tramitado y entregado por el abogado Alejandro Balbi.​ Para Marset el pasaporte uruguayo significó una vía rápida y fácil para salir de Emiratos Árabes Unidos y fugarse antes de que llegara una requisitoria internacional. Para evitar ser deportado, contactó al abogado Balbi para hacer las tramitaciones necesarias, y cuando en el Ministerio del Interior le dijeron que no tenía causas criminales pendientes desde noviembre de 2020 ni requisitorias, estaba legalmente habilitado para recibir el pasaporte. Sin embargo, no advirtieron que la Brigada Antidrogas estaba cooperando en una investigación internacional en la que Marset era uno de los investigados.​

Este incidente fue criticado por dirigentes del Frente Amplio, entre quienes el senador Daniel Caggiani lo calificó como un «escándalo» que en cualquier otro país llevaría a la renuncia de las autoridades pertinentes. Además, anunció que se interpelaría a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Heber y Francisco Bustillo.​ La interpelación quedó programada para el lunes 22 de agosto y será dirigida por el senador frenteamplista Mario Bergara.​

Caso Astesiano

Detención de Astesiano y el caso de la falsificación de documentos

El 26 de setiembre de 2022 detuvieron por orden de Fiscalía a Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou, por la presunta falsificación de documentos para la expedición de pasaportes a ciudadanos rusos. Esta persona presentaba, previo a ocupar el cargo, más de veinte indagatorias por diversos delitos, entre ellos hurto, estafa y apropiación indebida.​​ También contaba con un antecedente penal por estafa por el que fue procesado con prisión.​ Debido a esta detención el presidente Lacalle Pou brindó esa misma tarde una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, en donde expresó estar «tan sorprendido» como la ciudadanía. Expresó también que en los últimos cinco días estaba en el exterior con sus hijos y acompañado por Astesiano, y que cuando regresó a Uruguay en el Aeropuerto de Carrasco se le informó de lo que ocurría con el acusado.​ En el mismo Aeropuerto de Carrasco Astesiano fue informado que el director de Información e Inteligencia Policial Claudio Correa da Silva lo esperaba en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y que allí le comunicó que estaba requerido por la red criminal y en el despacho fue detenido.​

De la investigación se presume que el jefe de custodia presidencial estaría involucrado en una red de falsificación de documentos para que ciudadanos rusos accedieran a documentación uruguaya. Además de Astesiano, fueron formalizadas otras tres personas, dos ciudadanos rusos, Alexey Slivaev parte de la organización y Roman Popov por querer tramitar una cédula uruguaya con documentos falsos de la organización, y un escribano uruguayo, imputándoseles delitos de asociación para delinquir y suposición de estado civil, según comunicó la fiscal Gabriela Fosati.​ Un paso clave en el avance del caso que venía siendo investigado desde 2019 fue cuando, en 2021 y desde México, se le informó a la Dirección Nacional de Investigación Civil. La operativa de la red criminal comenzó a sospecharse cuando desde 2019 comenzó a haber un número inusual de solicitudes de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que decían tener padres uruguayos, lo que por la normativa los convertiría en ciudadanos naturales y podrían recibir pasaporte uruguayo. Así, la red criminal falsificaba estas partidas de nacimiento inventando parentescos con ciudadanos uruguayos, mediante datos de la DNIC al que tuvieron acceso mediante una computadora con entrada a la base de datos, para que rusos pudieran obtener aquel beneficio, servicio por el que cobraban $50.000.​

El 27 de setiembre se supo que Astesiano incluso realizaba su operativa ilegal en su oficina del cuarto piso de Torre Ejecutiva, según se supo de audios incautados, en donde se reunía con el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev.​​ Este mismo día, el presidente rescindió el contrato que mantenía con Astesiano desde el 12 de marzo de 2020.​ Slivaev, que vivía en Montevideo, tiene un grupo de Facebook con alrededor de 8000 rusos y denominado «Todo sobre inmigración a Uruguay» de donde reclutaba a las personas que querían conseguir la documentación. En Fiscalía se sospecha que los documentos se usaban para ingresar a Europa y que quienes los pedían podrían vincularse con organizaciones delictivas.​

Astesiano, imputado por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, luego de que la fiscal pidiera la prisión preventiva por 30 días y el juez la concediera, pidió concidiciones especiales de encarcelamiento presuntamente para no estar junto con dos delincuentes en prisión preventiva por robarle una motocicleta a su hijo, hecho durante el cual Astesiano lo asistió y participó en un tiroteo.​

El 28 de setiembre, debido al escándalo, Presidencia exigió el legajo de todos los funcionarios de seguridad presidencial.​

En uno de los procesos en curso ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 38° Turno, la Fiscalía pidió en audiencia del 23 de setiembre la formalización del ciudadano ruso R. K. que fue detenido el 21, junto con una joven rusa de 20 años que oficiaba de traductora, en la DNIC con una partida de nacimiento uruguaya con falsificaciones burdas por los delitos de suposición de documento público y uso de certificado falso. El juez procedió y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, retención de documentación de viaje y fijar domicilio. Con la documentación falsa pretendía ampararse a la ley de ciudadanía de nietos uruguayos. La partida apócrifa a simple vista presentaba diferencias en la tinta y en el formato, además que el código QR no dirigía a ningún lado.​

Luego de recuperados los contenidos del teléfono móvil de Astesiano, de la pericia surgieron conversaciones de Telegram entre él y el escribano Álvaro Fernández, de los que surgió que Astesiano ofrecía autos oficiales para ir a buscar a los ciudadanos rusos que buscaban obtener los pasaportes falsos. También recibía amenazas de «ser visitado» por las personas involucradas por las demoras en la gestión de la documentación apócrifa. Por una de las respuestas de Astesiano se cree que se gestionaba también pasaportes diplomáticos falsos.​

Espionaje a dos senadores del Frente Amplio

A fines de noviembre de 2022, de la investigación de las conversaciones de Whatsapp de Astesiano se divulgó la que mantenía este con algunos oficiales militares retirados, dueños o parte de una empresa de seguridad que opera desde Estados Unidos en la cual le solicitaron el armado de fichas con información personal de seguimiento de los legisladores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, por la presentación de una denuncia que los legisladores hicieron por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie. En los mensajes, uno de estos exoficiales dijo que «[l]os quieren atar para que retiren la denuncia» y «[n]ecesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir» refiriéndose a aquellos legisladores. También habían conversaciones sobre la licitación para la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional, en donde un representante de esta empresa hacía pedidos a Astesiano vinculados con uno de sus clientes, Hyundai Heavy Industries, para ampliar plazos de los pliegos de licitación, entre otros.​ A causa de este presunto armado de fichas para la empresa Vertical Skies con el propósito de extorsionar a los legisladores para que no llevaran a la justicia el caso de la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie, Charles Carrera y Mario Bergara presentaron su denuncia ante el Fiscal de Corte Juan Gómez.​

Caso del pescado congelado de Emiratos Árabes Unidos

En diciembre de 2022 el caso tuvo otro episodio que involucraba el transporte de 454 kilos de pescado desde Emiratos Árabes Unidos para Presidencia de la República. Este habría sido obsequiado por el emir de ese país a Lacalle Pou, y al ser aceptado, se dio el nombre de Astesiano para hacer el trámite. El pescado fue enviado por valija diplomática. Al revelarse las conversaciones del teléfono celular de Alejandro Astesiano, se conoció públicamente el tema del pescado transportado. Al ser consultado, Lacalle dijo que el pescado era «para comerlo». El diputado frenteamplista Gustavo Olmos hizo un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber bajo qué normativa había sido ingresado y si se realizaron las comprobaciones sanitarias. Luego de ingresado, estuvo un tiempo en un frigorífico y al final, luego de que presidencia se llevara unas cajas, el resto del pescado fue donado a organizaciones sociales que estaban realizando ollas públicas para alimentar a las familias más pobres.​​​​

Entrega irregular de viviendas en el Ministerio de Vivienda

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Moreira ordenó la entrega directa de una vivienda a una persona militante de su partido político. Las viviendas de ese llamado se adjudicaban en sorteo bajo distintas modalidades, pero Moreira le envió un correo electrónico al director nacional de vivienda Jorge Ceretta en el que dijo que era de interés de Moreira que uno de los apartamentos fuera adjudicado directamente a la militante de Cabildo Abierto.​

Debido a esto, el 5 de mayo de 2023 Moreira renunció al ministerio y volvió al Senado.​

Caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande

El 7 de septiembre de 2023, el referente del Partido Nacional Carlos Albisu presentó su renuncia la Comisión Técnica Mixta (CTM) de la Represa de Salto Grande, luego de que se conocieran que la CTM había solicitado partidas presupuestarias extraordinarias para la contratación directa de funcionarios, en su mayoría personas pertenecientes al Partido Nacional.​Por el caso, fueron interrogados en el Parlamento la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y el canciller Francisco Bustillo.​

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Caso Penadés

En octubre de 2023, la fiscalía del caso determinó en su investigación que el exsenador Penadés había creado una supuesta trama para defenderse, la que aludía que se estaba armando una operación en su contra, pero que en escuchas telefónicas e incautación de teléfonos celulares, se concluyó que hubo una estafa procesal de Penadés, en la que se valió de información pública y con colaboración de asesores y policías, entre ellos el director de la cárcel Comcar Carlos Taroco. Debido a que el senador utilizó recursos estatales para tratar de hacerse de presuntas pruebas para liberarse, fue imputado por múltiples delitos de abuso sexual a menores y se le dispuso la prisión preventiva por 180 días. Algunos integrantes del Ministerio del Interior estuvieron involucrados con Penadés, en donde intentaron identificar a las demás víctimas a partir de la víctima Mastropierro que fue divulgada por el propio Penadés, a pesar de que contaban con protección judicial de su identidad.​​

Tras decretada la prisión preventiva, Penadés fue alojado en la cárcel de Florida. Su defensa solicitaron que la medida fuera sustituida por prisión domiciliaria, alegando que padece diabetes y una enfermedad cardíaca. Para determinar si correspondía el pedido, se hizo una pericia en el Instituto Técnico Forense para evaluar su salud, en donde se le hizo un examen físico y un interrogatorio médico. Los péritos médicos determinaron que si bien padece de estas enfermedades, ellas no le impedían cumplir la prisión preventiva en la cárcel, ya que ahí se le brindarían los tratamientos y se remitió el informe a la fiscal del caso y a la jueza para decidir sobre la medida.​