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The Pelican Club, un salón de masajes / agencia de acompañantes en Newton, Auckland

La prostitución en Nueva Zelanda, el mantenimiento de burdeles, vivir de las ganancias de la prostitución de otra persona y el ofrecimiento en la calle son legales en Nueva Zelanda y lo han sido desde que entró en vigor la Ley de Reforma de la Prostitución en 2003. La coerción de trabajadoras sexuales es ilegal. La despenalización de los burdeles, las agencias de acompañantes y el ofrecimiento, y la adopción de un modelo regulatorio mínimo en 2003 generaron un interés mundial. Las leyes de prostitución de Nueva Zelanda son ahora algunas de las más liberales del mundo.

Hasta 2003, la prostitución en espacios cerrados en Nueva Zelanda estaba regulada por la Ley de Salones de Masaje de 1978, que permitía que los burdeles operaran bajo la apariencia de salones de masajes. Sin embargo, la ley definía a los salones de masaje como lugares públicos, por lo que las leyes contra el ofrecimeinto en lugares públicos se aplicaban a las trabajadoras en los salones, y a veces eran objeto de redadas por parte de la policía haciéndose pasar por clientes. Además, las trabajadoras en los salones debían proporcionar sus nombres y direcciones a la policía. La publicidad de la venta de servicios sexuales, la gestión de un burdel y vivir de las ganancias de la prostitución eran ilegales.

A pesar de la Ley de Salones de Masaje y otras leyes destinadas a reprimir la prostitución, hubo una considerable tolerancia hacia el trabajo sexual en la práctica en las últimas décadas del siglo XX. Todas estas leyes fueron modificadas por la Ley de Reforma de la Prostitución en junio de 2003.

Historia

Antes de 2003

Los primeros ejemplos de intercambio de sexo por bienes materiales en Nueva Zelanda ocurrieron en el período inicial de contacto entre los indígenas maoríes y los marineros europeos y estadounidenses. Junto con alimentos, agua y madera, el sexo era uno de los principales productos intercambiados por bienes europeos. La Bahía de las Islas y, en particular, la ciudad de Kororareka, eran conocidas por esto y los burdeles proliferaron. No está claro si todos estos intercambios necesariamente constituían prostitución en el sentido habitual de la palabra. En algunos casos, el sexo podría haber sido parte de una asociación más amplia entre una tribu y la tripulación de un barco, similar a una alianza matrimonial temporal. La capacidad de elección que las mujeres tenían sobre su participación parece haber fluctuado. Durante este período, había un grave desequilibrio de género en la población colonizadora y las mujeres escaseaban.

En el siglo XIX, la prostitución generalmente se la denominaba "Mal Social". Al igual que otras colonias británicas, Nueva Zelanda heredó tanto la legislación como la jurisprudencia del Reino Unido, por ejemplo, la Ley de Vagancia del Reino Unido de 1824 estuvo vigente hasta que Nueva Zelanda promulgó su propia Ley de Vagancia (1866-1884). Estas incluían referencias a la prostituta común. Nueva Zelanda también estuvo entre las colonias presionadas por las autoridades británicas para aprobar leyes de enfermedades contagiosas; la ley de Nueva Zelanda estuvo vigente desde 1869 hasta 1910. La Unión de Temperancia Cristiana de Mujeres de Nueva Zelanda continuamente abogó por la derogación de las leyes de enfermedades contagiosas y aumentó sus peticiones y cartas públicas con datos de condenas en los tribunales para demostrar cómo la ley protegía a los agresores masculinos y dejaba a las niñas y mujeres de todas las clases vulnerables a agresiones. Estas eran leyes opresivas, basadas en la creencia, expresada oficialmente incluso en el informe de 1922, de que las mujeres eran vectores de propagación de enfermedades venéreas. Fueron reemplazadas por la Ley de Higiene Social de 1917, aunque estos temores reaparecieron en todo el Imperio Británico durante las dos guerras mundiales. En el período de posguerra, la preocupación se centraba más en la "promiscuidad", aunque la prostitución se consideraba una forma extrema de esto. La fundamentación y práctica de la política de enfermedades venéreas basada en el género fue un enfoque para el activismo feminista temprano.

La legislación estatutaria relacionada con la prostitución aprobada en la segunda mitad del siglo XX incluía la Ley de Delitos de 1961, la Ley de Salones de Masaje de 1978 y la Ley de Ofensas Sumarias de 1981. La Sección 26 de la Ley de Ofensas Sumarias prohibía el ofreciemiento, la Sección 147 de la Ley de Delitos prohibía el mantenimiento de burdeles, la Sección 148 prohibía vivir de los ingresos de la prostitución y la Sección 149 prohibía el proxenetismo. En el año 2000, la Ley de Delitos se modificó para criminalizar tanto a los clientes como a los gestores cuando los trabajadores tenían menos de 18 años (la edad de consentimiento para la actividad sexual es 16). Las personas menores de 18 años seguían siendo consideradas infractoras después de que esta ley entrara en vigor, hasta la promulgación de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

La Ley de Salones de Masaje permitía efectivamente el comercio sexual en interiores bajo cubierta. Las prostitutas anunciaban sus servicios como "acompañantes" y los burdeles se anunciaban como "salones de masaje". Se requería que los trabajadores de los "salones de masaje" se registraran ante la policía desde el momento en que la Ley de Salones de Masaje de 1978 entró en vigor. A mediados de la década de 1990, la policía extendió este registro ex officio a otros trabajadores en interiores en algunas áreas del país. La policía se acercó a los medios de comunicación para informarles que podrían estar "ayudando y alentando" a las trabajadoras sexuales a cometer delitos (como el mantenimiento de burdeles, etc.) y les dijo a los medios que deberían exigir dicho registro antes de aceptar publicidad.

Ley de Reforma de la Prostitución de 2003

En 1997, varios grupos se unieron para celebrar un Foro de Mujeres en Wellington, del cual surgió un grupo de trabajo encargado de redactar un proyecto de ley. Entre los participantes se encontraban el Consejo de Prostitución de Nueva Zelanda (NZPC), académicos, grupos de mujeres (Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales de Nueva Zelanda, Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda, YWCA) y la Fundación del SIDA. También participaron voluntarios legales y miembros del Parlamento, en particular Maurice Williamson (Partido Nacional, Pakuranga 1987-2017), Ministro Asociado de Salud (1990-1996), y Katherine O'Regan (Partido Nacional, Waipa 1984-1996, Lista 1996-1999), quien defendió el proyecto de ley en el parlamento.

El Partido Laborista volvió al poder (1999-2008), y Tim Barnett (Partido Laborista, Christchurch Central 1996-2008) asumió la responsabilidad de presentar el proyecto de ley como iniciativa propia para despenalizar la prostitución. Esto se basó en el modelo de reducción de daños de Nueva Gales del Sur (1996). El proyecto de ley se presentó el 21 de septiembre de 2000 y se colocó en la urna, siendo seleccionado como el número 3 y debatido el 8 de noviembre como Proyecto de Ley 66-1 (87:21), pasando la primera lectura por 87 votos a favor y 21 en contra. El apoyo del partido provino de los Verdes, en particular de Sue Bradford (Lista, 1999-2009). Fue opuesto por Nueva Zelanda Primero, que propuso el enfoque sueco de criminalizar la compra de sexo. Luego pasó al comité selecto (Justicia y Electoral), que recibió 222 presentaciones y escuchó 66 presentaciones, realizando enmiendas e informando a favor del proyecto de ley el 29 de noviembre de 2002, después de las elecciones de 2002, por lo que ahora se denomina Proyecto de Ley 66-2. Las opiniones minoritarias disidentes fueron registradas por los miembros del Partido Nacional, Nueva Zelanda Primero, ACT Nueva Zelanda y United Future. Este fue un Proyecto de Ley de Miembros Privados y, teóricamente, se permitía a los miembros votar según su conciencia. Sin embargo, los tres miembros de la coalición de 1999-2002 (Laboristas, Verdes, Alianza) tenían la despenalización en sus manifiestos. Más tarde, la Primera Ministra, Helen Clark, brindó su apoyo al proyecto de ley.

Durante los debates parlamentarios y los comités, hubo apoyo de algunos grupos de derechos de las mujeres, algunos grupos de derechos humanos y algunos grupos de salud pública. La policía se mantuvo neutral. Algunas feministas se opusieron a la despenalización de los burdeles y el proxenetismo (ver opiniones feministas sobre la prostitución), los grupos cristianos estaban divididos y los grupos religiosos fundamentalistas, incluido el grupo Derecho a la Vida, se opusieron.

La Ley de Reforma de la Prostitución (PRA) aprobó su tercera lectura el 25 de junio de 2003. Este proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen; de los 120 miembros del parlamento, 60 votaron a favor, 59 en contra y un político, Ashraf Choudhary del Partido Laborista y el único diputado musulmán del país, se abstuvo. El resultado fue una sorpresa, ya que la mayoría de los comentaristas esperaban que el proyecto de ley fracasara. Un apasionado discurso en el parlamento de Georgina Beyer, una mujer transgénero y extrabajadora sexual, se cree que persuadió a varios diputados indecisos, posiblemente incluido el Sr. Choudhary, para que cambiaran su voto en el último minuto.

La Ley reemplazó la legislación anterior, incluyendo la derogación de la Ley de los Salones de Masajes, eliminando en gran medida la prostitución voluntaria de adultos (mayores de 18 años) del ámbito del derecho penal y reemplazándola por el derecho civil a nivel nacional y local. Se estableció una distinción entre prostitución voluntaria e involuntaria. Aún es un delito obligar a alguien a proporcionar servicios sexuales. También se prohíbe el trabajo sexual para aquellos que tienen visados temporales, y se prohíbe la inmigración y la inversión en trabajo sexual. Se reconoce la existencia de contratos entre proveedores y clientes, y los proveedores tienen el derecho de rechazar servicios. Los contratos en disputa pueden ser remitidos al Tribunal de Disputas. La publicidad está prohibida, con excepción de los medios impresos, que tienen restricciones. La Ley de Delitos Sumarios sigue en vigor en relación con el ofrecimiento, que puede ser considerado como comportamiento ofensivo.[20] La Ley de Registros Criminales (Clean Slate) de 2004 también permite a los trabajadores sexuales solicitar que se eliminen las condenas anteriores de su expediente. El trabajo sexual es reconocido (pero no promovido) como un trabajo legítimo por el Ministerio de Trabajo y Bienestar de Nueva Zelanda, que no puede publicar vacantes en burdeles ni sugerir que las personas comiencen a trabajar en el sexo como medio para dejar de recibir una prestación. Ahora se aplican normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, desarrolladas en consulta con el colectivo de prostitutas, al trabajo sexual. Las disputas laborales pueden ser remitidas a la Inspección Laboral y al Servicio de Mediación. Hay una obligación para los empleadores y empleados de practicar y promover prácticas sexuales seguras. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas normas. El registro de trabajadoras sexuales en espacios interiores ante la policía fue reemplazado por la certificación a nivel administrativo de los operadores de burdeles.[21] Los registros anteriores han sido destruidos. Se permite el rechazo de una certificación por antecedentes penales (no necesariamente relacionadas con la prostitución). Las actividades de la policía cambiaron de registrar y enjuiciar a las trabajadoras sexuales a brindarles protección. El Manual de Mejores Prácticas de la Policía fue modificado para incluir la prostitución.

El gobierno local fue facultado para desarrollar ordenanzas de zonificación y publicidad, pero no para prohibir el trabajo sexual.

En resumen, la Ley despenalizó el ofrecimiento, vivir de los ingresos de la prostitución de otra persona y el mantenimiento de burdeles.

Después de la aprobación de la Ley, el Instituto Maxim y otras organizaciones cristianas conservadoras intentaron obtener un número adecuado de firmas para un referéndum iniciado por los ciudadanos bajo la Ley de Referéndum Ciudadano de 1993. La iniciativa fue patrocinada por dos miembros del partido United Future, Gordon Copeland, el crítico más vocal de la ley, y Larry Baldock. Aunque se le concedió una prórroga, los grupos anti-prostitución no lograron obtener el número de firmas autenticadas requeridas para un referéndum iniciado por los ciudadanos.

La Asociación de Gobiernos Locales de Nueva Zelanda proporcionó modelos de ordenanzas y procedimientos. Las demandas judiciales generalmente no han logrado consolidar las ordenanzas más restrictivas de los consejos locales. Para el año 2006, 17 de los 74 gobiernos locales habían redactado o implementado ordenanzas.

Evaluación de 2008

Para contrarrestar las críticas, la Ley de Reforma de la Prostitución incluyó el requisito de llevar a cabo una revisión de los efectos de la nueva ley entre tres y cinco años después de su entrada en vigor. Un informe inicial en septiembre de 2006 indicó que el número de trabajadores sexuales en las calles era aproximadamente el mismo que antes de la entrada en vigor de la ley e, incluso en algunos casos, había disminuido ligeramente, en contra de las afirmaciones de que había aumentado. Se comparó la magnitud del trabajo sexual con la situación en 1999, y el único cambio notable fue una tendencia del trabajo sexual gestionado hacia dependencias privadas. Un examen de los factores de entrada y salida mostró que muchos trabajadores sexuales manifestaron su deseo de continuar vendiendo sexo, ya que el nivel de ingresos y la independencia eran características atractivas. Los trabajadores parecían estar más empoderados, pero aún existía violencia en las calles. Es evidente que la ley no despenalizó la violencia, y la policía toma medidas cuando los trabajadores sexuales presentan denuncias de violencia (véase, por ejemplo, el caso R v Connolly, un oficial de policía que fue condenado en 2009 por chantajear a una trabajadora sexual para obtener sexo gratis). Se identificaron algunas deficiencias en las prácticas seguras, especialmente en el caso del sexo oral. El estigma percibido seguía siendo un problema. Se observaron inconsistencias entre las intenciones del gobierno local y central, siendo el primero más restrictivo, lo que causaba problemas para algunos trabajadores.

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución presentó su informe final en mayo de 2008. No encontró evidencia que respaldara las afirmaciones de los críticos en el momento de la introducción de la ley, y concluyó que no hubo una expansión de la industria. Sin embargo, las condiciones laborales todavía dejaban mucho que desear. El estigma seguía siendo un problema importante, al igual que la desconfianza tradicional hacia las autoridades. Las trabajadoras sexuales ahora están más dispuestas a denunciar los delitos cometidos contra ellas que en el pasado.

Tras la publicación de la evaluación, surgieron sugerencias de sesgo, y los críticos, como la revista Humanitarian Chronicle de TEAR Fund, una organización cristiana evangélica, afirmaron que los autores del informe eran "partidarios" de la industria del sexo y, por lo tanto, no eran "neutrales". Afirmaron que la situación era mucho peor de lo que se presentaba en la evaluación. Alex Penk, Gerente de Política e Investigación del Instituto Maxim, dijo: "El informe publicado hoy por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución muestra claramente que la Ley de Reforma de la Prostitución no está haciendo la vida más segura para muchos de los hombres, mujeres y jóvenes más vulnerables de Nueva Zelanda".

Melissa Farley, una oponente de la legislación, afirmó que la despenalización de la prostitución tuvo efectos muy negativos (por ejemplo, un aumento en la trata de personas y la prostitución callejera) y que el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda "estaba sesgado y claramente favorecía a la industria del sexo". Sin embargo, se ha criticado a Farley por no proporcionar hechos o detalles que respalden sus afirmaciones. Además, Farley continúa utilizando la afirmación de que "el número de personas que se prostituyen en las calles de Auckland ha aumentado en un 400% desde la despenalización". Durante un debate en línea en The Economist, Farley repitió estas cifras, afirmando en el párrafo 35: Desde la despenalización, la prostitución callejera se ha descontrolado, especialmente en la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland. Se ha informado de un aumento del 200-400% en la prostitución callejera. Sin embargo, en respuesta a las afirmaciones que Farley y otros hacen, el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución (2008: 40) declaró: En el primer informe del Comité, se estimó que el número de trabajadoras sexuales en las calles de Auckland era de 360 (PLRC, 2005). Un aumento del 400% significaría que ahora habría 1.440 trabajadoras sexuales en las calles de Auckland. El Comité considera que la investigación realizada por el CSOM refuta de manera concluyente un aumento de esta magnitud, ya que las cifras de 2007 estiman el número de trabajadoras sexuales callejeras en Auckland en 230. Además, en relación con la trata de personas, el PLRC (2008: 167) afirmó: La información recibida del Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda indica que no se han identificado situaciones de trata de personas en la industria del sexo (Departamento de Trabajo, 2007).

Iniciativas Posteriores

Los intentos de restringir la prostitución en Nueva Zelanda continúan. En 2010, el diputado nacionalista Tau Henare propuso restringir la apertura de locales cerca de las escuelas.[32] Sin embargo, esta competencia recae en la municipalidad local.[33] El Partido Kiwi abogó por la derogación de la Ley. El último diputado restante del partido fue expulsado del Parlamento en 2008 y posteriormente se fusionó con el Partido Conservador de Nueva Zelanda. El partido mantiene la postura previa del Partido Kiwi en contra de la reforma de la ley de prostitución, pero, al igual que el Partido Kiwi anteriormente, no alcanzó el umbral mínimo de votos requerido para la representación parlamentaria con grupo propio.

En mayo de 2013, Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre de Freedom from Sexual Exploitation que pedía a la Cámara de Representantes que "legislara para un plan de acción nacional para combatir la prostitución callejera, incluyendo una ley que hiciera ilegal la compra de servicios sexuales" (el modelo sueco). El Ministerio de Justicia respondió a las suposiciones de la Petición 2011/60 en septiembre de 2013, seguido de una respuesta de la Colectiva de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC) en febrero de 2014. El 7 de noviembre de 2014, el Comité de Justicia y Asuntos Electorales del Parlamento de Nueva Zelanda emitió su informe en el que rechazaba la petición. En su comentario final, el comité afirmó: "Apreciamos las preocupaciones del peticionario sobre la prostitución callejera. Sin embargo, somos conscientes de que la erradicación de la prostitución en la calle no ha demostrado ser alcanzable en ninguna jurisdicción y simplemente prohibirla puede tener consecuencias negativas para la salud y seguridad de las trabajadoras sexuales. Apoyamos la conclusión del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución de que los enfoques locales son probablemente los más efectivos para tratar la prostitución callejera". En reacción al informe, el Dr. Calum Bennachie de la Colectiva de Prostitutas de Nueva Zelanda declaró que "Cuando otros grupos finalmente reciben derechos por parte de la sociedad, rara vez tienen que volver al parlamento para proteger esos derechos. Sin embargo, las trabajadoras sexuales, que han recibido sus derechos por parte del Parlamento en 2003 cuando la prostitución fue despenalizada, continuamente tienen que defenderse en el parlamento, luchar las mismas batallas y refutar una y otra vez los mismos argumentos manidos basados en cifras inventadas".

Hoy en día

Al igual que en otros países, las trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda trabajan en una variedad de lugares, incluyendo la prostitución callejera y el mercado en interiores de burdeles y saunas, así como para agencias de acompañantes y como trabajadoras independientes.

Prostitución Callejera

La prostitución callejera sigue dominando los debates debido a su visibilidad. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales a menudo se reúnen en y alrededor de Karangahape Road y Hunter's Corner en Auckland, en las calles Cuba/Vivian/Marion en Wellington y en Manchester Street en Christchurch, entre otros lugares. Desde el terremoto del 22 de febrero de 2011 en Christchurch, esto se ha trasladado a Ferry Road y al extremo residencial de Manchester Street.

A pesar de que es ilegal (ver opinión del Fiscal General sobre la Declaración de Derechos de Nueva Zelanda) discriminar a las personas por su identidad de género en Nueva Zelanda, la comunidad transgénero a menudo encuentra que muchos de sus miembros más jóvenes recurren al trabajo sexual para obtener alimentos, refugio y descanso. Por lo tanto, están fuertemente representados en la prostitución callejera.

Los conflictos en el área de South Auckland en Manukau siguen siendo el foco de debate (ver más abajo).

Burdeles y agencias de acompañantes

Muchas trabajadoras sexuales encuentran empleo en burdeles o agencias de acompañantes. En los burdeles, los clientes acuden al lugar de negocio, que puede estar en una zona comercial y ser bastante evidente, a veces colindante a un club de striptease, o de forma más discreta en una zona residencial. Las agencias de acompañantes reciben llamadas telefónicas de los clientes y organizan que las trabajadoras acudan a sus domicilios u hoteles.[27] Normalmente, el negocio cobra a la trabajadora una tarifa por turno y también se quedará con un porcentaje fijo de la tarifa del cliente. Es ilegal que los gestores de burdeles multen a las trabajadoras por llegar tarde, tengan un comportamiento poco profesional y otros delitos menores,[40] pero muchos cobran legalmente lo que ellos llaman 'tarifa de turno', y la mayoría exige a las trabajadoras que compren su propia ropa y accesorios. Esto significa que en una noche tranquila la trabajadora puede llegar a perder dinero. Sin embargo, los burdeles y las agencias de acompañantes generalmente se consideran preferibles a la prostitución callejera, ya que su entorno parece ser relativamente seguro. Los burdeles varían en tamaño, desde 3 trabajadoras sexuales de turno hasta aproximadamente 30. Los burdeles y las agencias se anuncian a través de una variedad de medios, incluyendo vallas publicitarias, Internet y anuncios de televisión nocturnos, pero especialmente anuncios de periódicos, particularmente en New Zealand Truth hasta su cierre en 2013.

Uno de los resultados del cambio de ley es que las trabajadoras sexuales de 16 y 17 años ya no pueden trabajar en burdeles. Con la excepción de algunos casos muy publicitados, este cambio ha sido exitoso.

Las trabajadoras sexuales que no desean ser empleadas a menudo establecen burdeles o agencias para una o dos personas, por lo general en sus hogares. Dentro de las definiciones de la ley, estos se denominan burdeles operados por pequeños propietarios (SOOB). Tienden a depender de anuncios clasificados en periódicos (particularmente New Zealand Truth hasta su cierre en 2013), o mediante publicidad en Internet.

La ubicación de los burdeles dentro de los territorios locales ha sido un área continua de litigio, y una encuesta realizada en marzo de 2011 sugirió que el 66% de la población apoyaría la prohibición de los burdeles en áreas residenciales. La misma encuesta mostró un 50% de apoyo para prohibir la prostitución callejera.

Esta encuesta publicada por NZ Herald fue encargada inicialmente por el grupo cristiano político Family First y realizada por Curia Market Research. La investigación ha sido criticada por representar posibles sesgos debido a los vínculos con Family First. Las áreas potenciales de distorsión de resultados incluyen:

• Una proporción inusualmente alta de encuestados de áreas rurales más conservadoras. El 31% de los encuestados frente al 8.4% de la distribución de la población. (Fuente: ver tabla uno)
• Las distribuciones por edad no son reflejo de la población general, sino que favorecen a grupos de edad más mayores y conservadores (aunque el efecto general de esto es desconocido, ya que la aprobación y desaprobación variaron significativamente en los diferentes grupos de edad sin una clara tendencia hacia cambios de actitud con la edad).
• Los encuestados eran 57% mujeres y solo 43% hombres, mientras que las distribuciones de la población muestran que las mujeres son el 51% de la población. Esto puede haber tenido un efecto significativo, ya que se descubrió que las mujeres eran más propensas a desaprobar la prostitución (entre las mujeres, del 44% al 64% aprueba la restricción, mientras que en los hombres solo el 28% al 39%).

La gran mayoría de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda son biológicamente mujeres, pero también hay trabajadores masculinos y transgénero, especialmente en Auckland. Ambos se dedican a negocios de gestión personal como se describe anteriormente, y existen algunos burdeles y agencias de acompañantes masculinos. Además, las trabajadoras sexuales transgénero en las calles no son infrecuentes. Los trabajadores sexuales masculinos que se dirigen a una clientela masculina generalmente se anuncian en el periódico gay Express (o en New Zealand Truth hasta su cierre en 2013).

Conflicto: el caso de Manukau (Auckland)

La ciudad de Manukau en el sur de Auckland se opuso consistentemente a la legislación. Manukau consideró que la prostitución callejera era particularmente problemática en su área. El líder de seguridad comunitaria del Consejo de la Ciudad de Manukau, el concejal Dick Quax, fue especialmente crítico. En 2009, dijo que "la participación de pandillas y el crimen organizado en la prostitución callejera se ha vuelto evidente (...) La prostitución callejera también atrae acumulación de basura, desorden, drogas e intimidación", y "Hay niños que van a la escuela y encuentran condones en la calle y prostitutas todavía paradas alrededor. Es peligroso, no solo para las trabajadoras sexuales mismas, sino para el resto de la comunidad. Estamos hartos (...) La comunidad ha tenido suficiente. No es divertido salir por la mañana y tener que limpiar condones tirados en tu jardín y en la cerca. Limpiar condones y agujas, simplemente no es justo".

Esto ha llevado a conflictos con los residentes, quienes han intentado frenar este fenómeno, tratando de ahuyentar a los clientes de las prostitutas, interrumpiendo las negociaciones entre las prostitutas y los clientes, y enviando cartas a los clientes de las prostitutas, rastreándolos a través de las placas de matrícula de sus automóviles.

El Proyecto de Ley del Consejo de la Ciudad de Manukau (Control de la Prostitución Callejera) de 2005, dio lugar a audiencias ante un comité selecto, pero no logró pasar su segunda lectura parlamentaria el 11 de octubre de 2006 (46 votos contra 73), tras un informe del Comité Selecto que afirmaba que "las iniciativas respaldadas por la comunidad local, las trabajadoras sexuales y sus defensores, su entorno, las agencias sociales y la policía son una propuesta más efectiva y apropiada de los recursos que la solución legislativa actual". Se llevó a cabo una revisión gubernamental de la situación en 2009, y concluyó que no se requerían más acciones legislativas especiales. Esto provocó la insatisfacción de los críticos de la legislación. El concejal Quax dijo que la revisión fue muy decepcionante: "Ignora el hecho de que el comportamiento antisocial, como el acoso y la intimidación, ha empeorado desde la aprobación de la legislación que despenaliza la prostitución".

Posteriormente, Manukau realizó un nuevo intento de regular la prostitución con el Proyecto de Ley del Consejo de la Ciudad de Manukau (Regulación de la Prostitución en Lugares Específicos) de 197-1 (2010). Este pasó la primera lectura con 82 votos a favor y 36 en contra en una votación de conciencia el 8 de septiembre de 2010. El proyecto de ley fue objeto de oposición por parte del Partido Māori. El propósito del proyecto de ley se establece como "Este proyecto de ley permite el control de los lugares donde puede ocurrir o llevarse a cabo el negocio de la prostitución o los servicios sexuales comerciales cuando dicho negocio o servicios se realicen fuera de un burdel o un pequeño burdel de gestor propietario en la Ciudad de Manukau", y fue remitido al Comité Selecto de Gobierno Local y Medio Ambiente, que requería enmiendas antes del 5 de noviembre. Todas las presentaciones se han publicado en línea.

El futuro del proyecto de ley quedó en duda cuando el Consejo de la Ciudad de Manukau dejó de existir a fines de 2010, al ser absorbido por el Consejo de Auckland. Sin embargo, el nuevo Consejo de Auckland respaldó el proyecto de ley y, debido a la reorganización municipal, se le dio hasta febrero de 2011 para presentar su informe, esperando que el Comité pudiera informar al parlamento en marzo de 2011, lo que permitiría una segunda lectura del proyecto de ley. El Consejo de Auckland solicitó a la NZPC que hiciera una presentación ante él el 15 de febrero de 2011. El 27 de enero de 2011, el Consejo votó 11 a 7 a favor de presentar un informe al comité sobre el proyecto de ley, con el fin de otorgarles poderes para prohibir la prostitución callejera en cualquier lugar de Auckland.

Sin embargo, a fines de junio de 2011, el diputado del Partido Laborista de Nueva Zelanda por Manurewa, George Hawkins, admitió que su proyecto de ley no tenía suficiente apoyo parlamentario para pasar su segunda lectura, programada para septiembre de 2011, y afirmó que la supuesta expansión "radical" del proyecto de ley para abarcar toda la ciudad de Auckland afectaría negativamente su posterior aprobación. Otras objeciones son las exenciones locales a la legislación de ámbito nacional y las críticas de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y los servicios sociales que brindan servicios de salud y sociales de primera línea a las trabajadoras sexuales callejeras. También se consideró que contravenía la Carta Constitucional. A pesar de tales objeciones, las empresas locales de Papatoetoe esperan invertir en más cámaras de vigilancia de circuito cerrado para hacer frente a lo que consideran un comportamiento "antisocial" y "molestia pública" supuestamente relacionado con el trabajo sexual en la calle. Los defensores de las trabajadoras sexuales argumentan que el comportamiento en cuestión puede no estar relacionado con su presencia y estar vinculado al cierre temprano de los baños públicos y a la gran cantidad de establecimientos de venta de alcohol en el área adyacente.

El proyecto de ley presentado por un miembro del Parlamento fue posteriormente reintroducido, recibiendo duras críticas de algunos miembros de la comunidad LGBT. Argumentaron que el proyecto de ley afectaría desproporcionadamente a las trabajadoras sexuales transgénero, dado que la identidad de género no está contemplada en la Ley de Derechos Humanos de Nueva Zelanda de 1993. También argumentaron que el Consejo de la Ciudad de Manukau y el Consejo de la Ciudad de Auckland habían contribuido a la situación al cerrar baños públicos y negar el uso de viviendas de alquiler sociales a las trabajadoras sexuales, y denunciaron lo que se considera tácticas de vigilancia por parte de algunos residentes locales contrarios al trabajo sexual. Afirmaron que en casos de comportamiento inapropiado por parte de las trabajadoras sexuales, los consejos locales, los vecinos, la policía y los intereses empresariales deberían confiar en la Ley de Delitos Sumarios de 1981. Además, se afirma que el consejo exageró el número de trabajadoras sexuales en la calle.

El Comité de Gobierno Local y Medio Ambiente presentó su informe al Parlamento sobre el proyecto de ley del Consejo de la Ciudad de Manukau (Regulación de la Prostitución en Lugares Especificados) el 5 de diciembre de 2014 y recomendó que no fuera aprobado. El proyecto de ley recibió su votación final el 25 de febrero de 2015 y fue derrotado por 109 votos en contra y 11 a favor, siendo solo el partido New Zealand First el que votó a favor del proyecto de ley.

Si esto significa o no que habrá un tercer proyecto de ley presentado por miembros privados para volver a criminalizar el trabajo sexual en la calle, a pesar de esta segunda derrota consecutiva, es incierto. La exdiputada del partido New Zealand First Asenati Lole-Taylor, que fue derrotada, era defensora de tales tácticas, pero ocupaba una posición baja en las listas de su partido y no regresó al Parlamento después de las elecciones generales de Nueva Zelanda de 2014. Por su partido, la vicepresidenta de New Zealand First, Tracey Martin, habló a favor de la aprobación del proyecto de ley durante su segunda lectura parlamentaria y su subsiguiente derrota.

Prostitución y menores

La participación de menores en la industria del sexo continúa siendo un tema controvertido en Nueva Zelanda, tanto antes como después de la promulgación de la Ley de Reforma de la Prostitución en 2003, con afirmaciones contradictorias sobre su alcance o relación con la ley.

La Ley

La prostitución infantil es ilegal. La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 establece lo siguiente:

Prohibiciones sobre la presencia de personas menores de 18 años en la prostitución

20. Ninguna persona puede hacer que una persona menor de 18 años proporcione servicios sexuales comerciales a otra persona, ni ayudar, facilitar o fomentar dicha actividad. 21. Ninguna persona puede recibir un pago o recompensa que se derive, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales proporcionados por una persona menor de 18 años, sabiendo o debiendo razonablemente saberlo. 22. Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años ni ser cliente de ella. (1) Ninguna persona puede celebrar un contrato o acuerdo en virtud del cual una persona menor de 18 años debe proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona o a otra persona. (2) Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años. 23. Toda persona que contravenga el artículo 20, el artículo 21 o el artículo 22 comete un delito y, en caso de condena, se expone a una pena de prisión de hasta 7 años. (2) El artículo 20 no se aplica a la mera prestación de asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, asesoramiento médico o servicios médicos a una persona menor de 18 años.

(3) No se puede acusar a una persona menor de 18 años de ser cómplice en un delito cometido contra este artículo en relación con esa persona.

Por lo tanto, es legal que una persona menor de 18 años sea trabajadora sexual, pero es ilegal que cualquier otra persona obtenga beneficios de ellas en esta capacidad, o provoque, ayude, facilite o anime a proporcionar servicios sexuales comerciales a cualquier persona. También es ilegal que cualquier persona compre servicios sexuales a una persona menor de 18 años. Es probable que los medios de comunicación requieran una identificación fotográfica antes de publicar anuncios para asegurarse de cumplir con esta ley. La mención de "razonabilidad" ha sido eliminada, pero es posible que se les solicite a las trabajadoras sexuales que parezcan menores de edad que proporcionen pruebas de su edad por parte de la policía.

No parece haber ninguna ley que prohíba que una persona menor de 18 años sea cliente de una prostituta, por lo que la edad legal para esto es presumiblemente de 16 años, la edad legal de consentimiento en Nueva Zelanda.

Publicidad en los medios

Los periódicos informan sobre sospechas relacionadas con trabajadores sexuales menores de edad, señalando que esta es la forma más común en la que ingresan al comercio sexual y que algunos de ellos pueden estar siendo explotados por miembros de pandillas.

Los informes han citado a algunos trabajadores comunitarios que afirmaron haber encontrado niñas "de tan solo 10 u 11 años" vendiendo sexo, y uno mencionó a estudiantes de una escuela secundaria del oeste de Auckland que "hacen tratos" durante el almuerzo. También se ha retirado a niños de tan solo 13 años de las calles del sur de Auckland.

Se han obtenido condenas contra operadores que no verificaron la identificación y contrataron trabajadores menores de edad. Ha habido varios casos en Christchurch. Otro caso ocurrió en Whangārei.

En 2005, ECPAT Nueva Zelanda y la Fundación Stop Demand (agencias que combaten la explotación sexual de menores) comentaron sobre el informe del Ministerio de Justicia "La naturaleza y el alcance de la industria del sexo en Nueva Zelanda", cuestionando la efectividad de la legislación de Nueva Zelanda en relación con la prostitución de menores de edad; las agencias señalaron una encuesta policial sobre la industria del sexo en Nueva Zelanda que mostró que se identificaron a 210 menores de 18 años que se dedicaban a la venta de sexo, siendo tres cuartas partes de ellos ubicados en un distrito policial.

En Christchurch en 2008, la oficial del Ejército de Salvación, Mayor Wendy Barney, del Servicio de Alcance en Calles de Christchurch (SOS), dijo que la prostitución de menores de edad era "un gran problema, pero también un problema oculto". Sin embargo, esta evidencia anecdótica no es respaldada por las declaraciones de los trabajadores de alcance de agencias de apoyo juvenil, incluido Youth and Cultural Development (YCD), quienes indican que muchos de los jóvenes no están trabajando, sino que se están ofreciendo en las calles.

A pesar de estas afirmaciones, la policía ha continuado presentando cargos por prostitución de menores contra los burdeles a pesar de la inspección supuestamente laxa.

Informes de Derechos Humanos de los Estados Unidos

Los Informes de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2004 a 2009 comentaron sobre casos de prostitución infantil en Nueva Zelanda. El informe de 2008 afirma que los fiscales de Christchurch solicitaron por primera vez la aplicación de la ley que prohíbe la esclavitud sexual, adoptada en 2006 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, esto no se menciona en fuentes nacionales, y la PRA establece sanciones por tales acciones; y el informe de 2009 no lo menciona.

El gobierno de Nueva Zelanda ha criticado los informes de Estados Unidos por estar basados en conjuntos de datos defectuosos y sesgados. Por ejemplo, parece que el Departamento de Estado ignoró el material en el Informe del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, que indicaba que no había evidencia de un aumento en el trabajo sexual de menores en la industria del sexo de Nueva Zelanda. Este último informe es reconocido en el informe estadounidense de 2009.

Apoyo y servicios para trabajadores sexuales

El New Zealand Prostitutes' Collective (NZPC) es una organización con sede en Nueva Zelanda que apoya los derechos de los trabajadores sexuales y educa a las prostitutas sobre cómo minimizar los riesgos de su trabajo. Fue fundada en 1987 por Catherine Healy, entre otros, y recibió financiamiento del Ministro de Salud en 1988, y posteriormente del Departamento de Salud (que se convirtió en el Ministerio de Salud). La organización desempeñó un papel importante en la despenalización de la prostitución.

Más información del proceso de evaluación

El informe "El impacto de la Ley de Reforma de la Prostitución en las prácticas de salud y seguridad de las trabajadoras sexuales: Informe al Comité de Revisión de la Ley de Prostitución" de la Escuela de Medicina de Christchurch es un estudio que involucra a 772 trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda, abarcando Auckland, Wellington y Christchurch como principales centros urbanos, y Nelson y Hawkes Bay como centros secundarios. Este informe, junto con los estudios realizados por el Centro de Investigación de Criminología y Justicia de la Universidad Victoria, proporcionó al Comité de Revisión de la Ley de Prostitución la evidencia necesaria para llegar a conclusiones sobre el efecto de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 en las trabajadoras sexuales.

Los investigadores describieron este proceso en detalle en un libro de 2010 titulado "Quitando el delito del trabajo sexual: la lucha de las trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda por la despenalización". Fue escrito por Gillian Abel (investigadora principal de salud pública y profesora en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda), Lisa Fitzgerald (socióloga de salud pública y profesora de ciencias sociales en la Escuela de Salud Poblacional de la Universidad de Queensland) y Catherine Healy (miembro fundadora del New Zealand Prostitutes' Collective). El libro incluye los resultados de entrevistas a más de 700 trabajadoras sexuales y concluye que la despenalización ha tenido efectos positivos en la seguridad y salud de las prostitutas.

En su informe de 2008 "Informe del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución sobre el funcionamiento de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003", el comité proporcionó más información sobre muchos de los casos y antecedentes del trabajo sexual en Nueva Zelanda. El informe también abordó las cuestiones planteadas por ECPAT Nueva Zelanda y la Fundación Stop Demand, así como las afirmaciones hechas por quienes respaldaban el proyecto de ley del Consejo de la Ciudad de Manukau (Control de la Prostitución en la Calle) de 2005.

Referencias

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